El sector extractivo nacional ha incrementado su aporte tanto en el agregado de la producción total como en los ingresos que recibe el Estado de la explotación de recursos minerales. 

La explotación de los recursos minerales y de hidrocarburos de un país debe contribuir a su desarrollo. El impacto económico de estos recursos se concretiza en el valor agregado de las industrias extractivas en términos absolutos y como porcentaje del producto interno bruto (PIB), el cual mide dicho valor para todos los sectores de la economía. Otros indicadores que también permiten contextualizar la participación del sector minero de un país son: el total de los ingresos generados por aportes fiscales, las exportaciones, la inversión extranjera directa y el empleo producido, entre otros.

Es un sector económico que refleja el comportamiento de los minerales en el mercado internacional, lo cual se manifiesta en las fluctuaciones de precios, costos y agotamiento de reservas. Sin embargo, es un sector dinámico que sigue realizando inversiones cuantiosas que contribuyen al crecimiento y la estabilidad de la economía del país.

“Estamos trabajando en la gestión para que la actividad minera desarrollada en toda la geografía nacional se fundamente en darle participación en los beneficios económicos que les corresponden por ley a las regiones y comunidades del entorno donde operan los proyectos mineros, con miras a motorizar el aprovechamiento de los recursos mineros no renovables hasta alcanzar el desarrollo integral de sus habitantes”, afirma Rolando Muñoz, director general de Minería.

Señala que es de interés del gobierno que la inversión de recursos económicos provenientes de las actividades mineras sean ejecutadas en las comunidades para garantizar el desarrollo sostenible en materia de educación, salud, vivienda, seguridad alimentaria y ciudadana, saneamiento, infraestructura resiliente, movilidad, residuos sólidos, agua potable, remediación ambiental, reforestación con especies nativas y endémicas para recuperar y mantener el valor de los ecosistemas terrestres. Esto, con el fin último de alcanzar “Comunidades Sustentables” para los habitantes donde operan los proyectos mineros.

El panorama económico mundial para el 2023 se vislumbra retador, ¿qué proyecciones maneja para el sector minero nacional?

Queremos facilitar el acceso de nuevos proyectos mineros productivos, tanto en las áreas metálicas como no metálicas para aumentar la producción de 1.6 millones de onzas de oro equivalentes a 1.8 millones de onzas. Apoyando los proyectos desarrollados por las empresas Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC)-Barrick Gold, Corporación Minera Dominicana S.A.S. (CORMIDOM), GoldQuest Dominicana S.R.L., Unigold Resources, Falconbridge Dominicana, S.A.

Para el caso de la minería no metálica continuaremos impulsando los proyectos en explotación para la producción de sal gema, yeso, carbonato de calcio, carbonato de magnesio, calizas coralinas ornamentales, mármol; e impulsar la industrialización del mineral de larimar en el país.

Igualmente, continuar impulsando las investigaciones de exploración de potenciales recursos mineros de minerales de transición energética.

Precisamente con relación a la transición energética, ¿cómo se prepara el sector minero dominicano para el aumento de la demanda de ciertos minerales?

Actualmente, en el país se desarrollan actividades de exploración en la zona sur para determinar la existencia de metales de tierras raras en la reserva fiscal AVILA y el depósito de mineral de bauxita de LAS MERCEDES en la provincia de Pedernales, con miras a determinar potenciales depósitos explotables y económicamente rentables para aprovechar la alta demanda en la transición energética en automóviles, electrónica de consumo, baterías,  iluminación de bajo consumo, imanes, láseres, detectores de centelleo, catalizadores, entre otros.

La empresa Falconbridge Dominicana S.A. está desarrollando un proyecto para la recuperación de níquel mediante un proceso hidrometalúrgico del mineral de baja ley en níquel contenido (1.20 %), el cual será tratado con una solución de ácido sulfúrico para una primera etapa de lixiviación, una segunda etapa de sedimentación y separación de hierro y posterior filtrado para la obtención de sales de níquel. El níquel obtenido será en forma de sulfato de níquel hidratado, componente importante en la fabricación de baterías para vehículos eléctricos. Inicialmente, 700,000 toneladas métricas de mineral se convertirían en 5,000 toneladas de níquel.

Se han desarrollado varias campañas de muestreos de geoquímica de suelos, rocas y aguas en minas y salares en la zona sur del país para determinar la presencia de mineral de litio y posteriormente ampliar la actividad de exploración en las diferentes áreas de estudio.

Además, el país dispone de una reservas y recursos de 37,021,924.83 onzas de oro equivalente en las concesiones mineras de explotación y 5,641,000.00 onzas de oro equivalente en los proyectos en la etapa de solicitud de concesiones mineras de explotación. Para mineral de níquel se dispone de 51,301,335.00 toneladas métricas y mineral de bauxita 4,500,000.00 toneladas métricas.

Para los proyectos de extracción de minerales no metálicos las reservas y recursos estimados se detallan a continuación:

⦁    Rocas volcánicas:     34,489,269.00 metros cúbicos;
⦁    Rocas calizas:      462,779,002.61 metros cúbicos;
⦁    Yeso:            18,675,929.02 metros cúbicos;
⦁    Travertino:         4,000.00 metros cúbicos;
⦁    Mármol:         180,000.00 metros cúbicos;
⦁    Arcillas:         11,968,637.66 metros cúbicos;
⦁    Ferdespato:         64,000,000.00 metros cúbicos;
⦁    Arena silícea:     277,577,271.05 metros cúbicos;
⦁    Bauxita:         4,500,000.00 toneladas métricas.

¿Cuáles son las acciones que, desde el Gobierno, están previstas realizar para potenciar la industria minera nacional? ¿Qué falta por hacer? 

El Ministerio de Energía y Minas se propuso, junto al Poder Ejecutivo, la elaboración de una propuesta de modificación a la Ley Minera de 1971, en respuesta a la necesidad de adecuar y actualizar el marco legal actual conforme la realidad socioeconómica y jurídica, las variaciones técnicas e institucionales que han surgido durante su vigencia y los intereses nacionales respecto a las actividades mineras dentro del territorio dominicano. La propuesta fue remitida al Poder Ejecutivo en el mes de febrero de 2021.

La empresa Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC)-Barrick Gold desarrolla un proyecto de expansión y optimización de reservas con una inversión superior a los US$ 1,300 millones, el cual incluye la construcción de una nueva presa de colas alineado a las mejores prácticas y estándares internacionales, ampliación de su planta metalúrgica para aumentar la producción de minerales de oro, plata, cobre y zinc.

La Corporación Minera Dominicana (CORMIDOM) declaró, en febrero de 2017, el hallazgo de minerales comercialmente explotables en el área de Cerro Maimón, en la provincia Monseñor Nouel. Los resultados, obtenidos después de una inversión de RD$130 millones en actividades de exploración, arrojan haber descubierto 8,492,000 toneladas de mineral a 400 metros de profundidad. Los detalles del hallazgo estiman la existencia de 209,760 toneladas de cobre; 405 mil onzas de oro; 14,087 millones de onzas de plata y 275,150 toneladas de zinc. La empresa está en proceso de ejecución del proyecto de extracción subterránea del depósito.

La empresa Unigold Resources se dedica a exploración en las provincias Dajabón y Elías Piña. Se ha invertido alrededor de US$ 20 millones en exploraciones mineras que indican un hallazgo por encima de un millón de onzas de oro en la zona. Por igual, la concesión abarca plata, cobre, zinc y plomo, en un área de 21,031 hectáreas. Actualmente, está en proceso de evaluación la solicitud de explotación de minerales metálicos de óxidos del depósito.

La empresa GoldQuest Dominicana SRL, de capital canadiense y suizo, ha realizado actividades de exploración en San Juan y Elías Piña, entre otras provincias, desde el año 2004. Con una inversión de más de US$25 millones, la empresa ha descubierto cerca de 4 millones de onzas de oro, próximo al distrito municipal Sabaneta, perteneciente al municipio San Juan de la Maguana. En el área del proyecto “Romero” se encontraron mineralizaciones/concentraciones de plata, cobre, zinc y plomo. El 23 de enero de 2018, el Ministerio de Energía y Minas solicitó al Poder Ejecutivo autorizar la explotación del proyecto minero Romero, con una propuesta de resolución que incluiría un esquema financiero alternativo al modelo económico previsto en la Ley Minera núm. 146-71, que pretende elevar la contribución de la empresa al fisco. En la actualidad, GoldQuest está a la espera del permiso de explotación para lo que sería un proyecto de minería subterránea.

¿Cuáles son los mecanismos para garantizar la transparencia del sector minero?

El Decreto núm. 248-16 del 15 de septiembre de 2016, que crea la Comisión Nacional para la Implementación de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (CNEITI-RD), establece la Comisión Nacional como órgano tripartito, compuesto por representantes del gobierno, de las industrias extractivas y de la Sociedad Civil, con el objetivo de implementar la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) en el país. El decreto define el alcance, atribuciones, y composición de los miembros que conforman la Comisión.

Igualmente, el Reglamento Funcional de la Comisión Nacional EITI, del 14 de diciembre de 2015: regula el funcionamiento y establece los procedimientos internos de la CNEITI-RD.

Las prácticas de buena gobernanza recomiendan que los países mantengan un registro público de los titulares efectivos de las empresas que operan en ellos, En el caso del Estándar EITI, se debe divulgar la información sobre las empresas que licitan, operan o invierten en el sector minero e hidrocarburífero de un país.

En la República Dominicana, el registro de los beneficiarios reales o finales se encuentra regulado por la Ley núm. 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, promulgada en junio de 2017.

Las definiciones de Beneficiario Final y Persona Expuesta Políticamente (PEP) de la ley de República Dominicana, fueron el resultado de las recomendaciones realizadas por organismos internacionales de gran relevancia, como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con fines Tributarios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), lo que muestra el compromiso del país de cumplir con los estándares de transparencia en el intercambio de información globalmente aceptados. 

La República Dominicana fue evaluada en 2018 por el Grupo de Acción Financiera de América Latina (GAFILAT), lo que dio como resultado el Informe de Evaluación Mutua del país emitido en ese mismo año, en el cual se evaluó el nivel de cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI y el nivel de efectividad del sistema antilavado de la República Dominicana. En virtud de esta evaluación técnica, se concluyó que el marco legislativo de la República Dominicana, incluyendo lo relativo a Beneficiarios Finales, “está ampliamente en línea con los estándares internacionales”, y por lo tanto se otorgó al país una calificación de “Mayoritariamente Cumplida” en cuanto a las Recomendaciones 24 y 25 en lo referente a la transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas y de otras estructuras jurídicas.

La Comisión Nacional EITI-RD identificó que, aun cuando el país cuenta con definiciones acorde a las mejores prácticas internacionales en esta área y existe el registro de los beneficiarios reales de las personas jurídicas en la DGII y en el Registro Mercantil, sigue siendo necesario un instrumento normativo que faculte la divulgación de la información sobre los beneficiarios reales de las empresas extractivas que operan en el país, por lo que continúan los trabajos de la Hoja de Ruta. Al respecto, en el año 2019, el Ministerio de Energía y Minas elaboró un borrador de resolución para la divulgación de los Beneficiarios Reales de las empresas extractivas, el cual se encuentra en revisión.

El país cuenta con un Portal de Transparencia EITI-RD (www.eitird.mem.gob.do) donde se publican todas las informaciones e informes relacionado a la industria extractiva.

El Estándar EITI ofrece un marco regulatorio y un proceso para promover una mayor transparencia y rendición de cuentas en los sectores del petróleo, gas y minería. Este consta de dos partes: el capítulo uno, Implementación del Estándar EITI; y el capítulo dos, Gobernanza y gestión. 

Un país que tenga la intención de implementar el EITI debe tomar una serie de medidas antes de presentar su candidatura al EITI. Estos pasos están relacionados con el compromiso del gobierno (1.1), la participación de las empresas (1.2), la participación de la sociedad civil (1.3), el establecimiento de un grupo multipartícipe (1.4) y la definición del plan de trabajo del EITI (1.5). Detalles sobre estas disposiciones se encuentran disponibles en las páginas 5-10. Cuando un país haya completado estos pasos y desee ser reconocido como país implementador del EITI, el gobierno deberá presentar una Postulación de Candidatura al Consejo EITI.

Una vez presentada, la postulación se hará pública en el sitio web del EITI. El Consejo EITI examinará la solicitud y comprobará si se han cumplido los requisitos de adhesión. El Secretariado trabajará en estrecha colaboración con el alto dirigente encargado de liderar la implementación del EITI, con el fin de aclarar cualquier tema pendiente. En función de esta información, y de cualquier otra de la que tenga conocimiento, el Comité de Sensibilización y Candidatura del Consejo EITI emitirá en un plazo razonable una recomendación al Consejo sobre si la postulación del país debe ser aprobada. El Consejo EITI tomará la decisión final.

En su experiencia, ¿cómo cree que evolucionará el sector minero nacional a medio y largo plazo?

Por lo puntualizado en las preguntas anteriores, en la gestión que desarrolla el gobierno actual continuaremos ejecutando el plan a mediano y largo plazo en el sector minero mejorando las  condiciones de gobernanza, transparencia, marco legal, normativo e institucional, tecnologías, innovación, para la agilización de transmite de los procesos, con miras a ampliar las facilidades a las inversiones nacionales y extranjeras directas para que proyectos mineros en estudio puedan ejecutarse satisfactoriamente y de esa forma incrementar los aporte de recursos económicos del referido sector  para continuar garantizando el crecimiento de la demanda agregada de la economía dominica y la distribución equitativa de los ingresos generados en las comunidades donde operan.